El Gobierno de Bolivia aprobó el Decreto Supremo Nº 5675, que establece una nueva organización del Órgano Ejecutivo y redistribuye competencias entre los ministerios. La reforma busca reducir duplicidades y costos administrativos, simplificar la gestión pública y avanzar en la digitalización de los servicios del Estado.
Para las empresas y los ciudadanos, el principal efecto práctico será la reconfiguración de las autoridades responsables de distintas materias y sectores, aspecto que deberá considerarse al realizar trámites, presentar solicitudes o coordinar actuaciones con entidades públicas.
La estructura se reduce de 14 a 12 ministerios
La Administración Central se organiza en los siguientes ministerios:
• Relaciones Exteriores;
• Presidencia;
• Economía y Finanzas Públicas;
• Defensa;
• Gobierno;
• Trabajo;
• Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua;
• Hidrocarburos y Energías;
• Minería y Metalurgia;
• Educación;
• Salud y Deportes; y
• Obras, Servicios y Vivienda.
Como parte de esta reorganización, se suprimen el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía. Sus funciones no desaparecen, sino que son redistribuidas entre otras carteras de Estado.
Planificación, inversión pública y financiamiento cambian de dependencia
Las competencias del extinto Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente se redistribuyen entre el Ministerio de la Presidencia; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; y el Ministerio de Educación. No desaparecen las áreas de planificación ni de medio ambiente; únicamente se elimina el Ministerio como estructura independiente.
En particular, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas incorpora el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que tendrá a su cargo, entre otros aspectos, la gestión y el seguimiento de la inversión pública, así como la negociación y administración del financiamiento externo.
El Ministerio mantiene, además, la conducción de la política tributaria, aduanera y arancelaria, así como sus competencias en materia fiscal, financiera y de endeudamiento público.
Producción y medio ambiente se concentran en un solo Ministerio
El nuevo Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua reúne, bajo una misma estructura, materias que anteriormente se encontraban distribuidas entre distintas carteras.
Este Ministerio tendrá competencias sobre industria y manufactura, MYPES y artesanía, desarrollo agropecuario, comercio y logística interna, derechos de los usuarios y consumidores, medio ambiente, biodiversidad, bosques, cambio climático, agua, saneamiento y riego.
Para las empresas vinculadas a estos sectores, esta concentración de funciones supone un cambio relevante en la identificación de la autoridad pública competente para sus trámites y gestiones.
Comercio exterior, inversiones y turismo pasan a Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores amplía sus competencias económicas y asume un rol más activo en comercio exterior, integración económica y promoción de inversiones extranjeras.
Su nueva estructura incorpora un Viceministerio de Comercio Exterior, Integración Económica e Inversiones Extranjeras, encargado, entre otras materias, de la promoción de exportaciones, los acuerdos comerciales y la inversión extranjera.
Asimismo, las competencias de turismo sostenible, culturas, folklore y gastronomía pasan a esta cartera de Estado, que incorpora un viceministerio específico para estas materias.
Nuevos lineamientos para los trámites ante el Estado
El Decreto incorpora la simplificación administrativa y la transformación digital como ejes transversales de la nueva organización estatal.
Los ministerios y las entidades públicas deberán revisar permanentemente sus trámites y requisitos para eliminar duplicidades y formalidades innecesarias. También deberán promover procedimientos estandarizados y una atención integrada cuando un trámite involucre a más de una entidad.
La digitalización no deberá limitarse a trasladar los procedimientos actuales a plataformas electrónicas: la norma dispone que los procesos sean previamente revisados, simplificados y rediseñados.
¿Qué ocurre con los trámites y obligaciones en curso?
La reorganización no implica la desaparición de las competencias de los ministerios suprimidos. Sus funciones, recursos, activos, pasivos y documentación serán transferidos a las nuevas autoridades responsables.
Por ello, durante la implementación de la nueva estructura será especialmente importante identificar qué ministerio o entidad asumió cada competencia, particularmente para las personas o empresas con trámites, autorizaciones, contratos, proyectos o gestiones pendientes ante las entidades afectadas.
El Decreto también dispone que esta reestructuración no deberá generar recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.
¿Qué deberían considerar las personas y empresas?
La nueva estructura puede modificar la autoridad competente y los canales institucionales para diversos trámites y gestiones ante el Estado. En consecuencia, será recomendable revisar los procedimientos en curso y las nuevas dependencias institucionales, especialmente en materias de comercio exterior, inversión extranjera, inversión pública, medio ambiente, producción, turismo y financiamiento externo.
La implementación y la transferencia de competencias serán claves para determinar su impacto práctico en cada sector.