El 1º de agosto de 2024 se promulgó el decreto N° 2264 (el decreto) que reglamenta la ley N° 7021/2021 de "Suministro y Contrataciones Públicas" (la ley) y deja sin efectos los decretos Nº 9537/2023 y Nº 9823/2023. El decreto implementa una serie de cambios a los procesos de contratación en el Estado enfocados en priorizar la eficiencia, transparencia y flexibilidad.

Mayor claridad, transparencia y eficiencia

El decreto delimita claramente las funciones y responsabilidades de cada una de las partes en los procesos de contratación, lo que optimiza su gestión y ejecución. Esta claridad facilita la identificación de los responsables en cada etapa del proceso y contribuye a una administración más eficaz y a un seguimiento óptimo dentro de la cadena integrada de suministro público.

Se prevé la difusión de los términos y condiciones de las licitaciones y sus actualizaciones a través del Sistema Integrado de Contrataciones Públicas (SICP), garantizando transparencia y acceso a la información de forma sencilla.

A través del decreto, se regula la figura de abastecimiento simultáneo a través del cual se permite el suministro de bienes, servicios u obras por más de un proveedor en una misma partida adjudicada, promoviendo la eficiencia y la capacidad de suministro.

Planificación, armonización normativa y resultados

El Decreto también reglamentará la cadena integrada de suministro público a través de un enfoque integral para la planificación, control, evaluación y mejora continua de la cadena de suministro público, buscando fortalecer la eficiencia fiscal y mejorar la calidad del gasto público.

La nueva reglamentación posibilitará una mayor precisión en las competencias normativas de las entidades reguladoras, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, garantizando una armonización normativa y evitando conflictos.

El decreto buscará potenciar el “presupuesto por resultados”, alineando la ejecución del presupuesto con los objetivos, metas y resultados esperados dentro del marco del sistema integrado de administración financiera del Estado.

Por último, el decreto establece normas y procedimientos para la ejecución del presupuesto general de la nación, abarcando la planificación, ejecución, modificaciones presupuestarias, control y evaluación de los programas y proyectos.