La corrupción ha infectado los tres niveles del Estado: central, provincial y municipal. En los más de tres meses que lleva el decreto presidencial de estado de emergencia, que agiliza la contratación pública relajando los controles previos, se han destapado cientos de irregularidades en la compra de materiales médicos como mascarillas, pruebas de la covid-19 o bolsas para transportar cadáveres.
La Fiscalía ha iniciado al menos 141 investigaciones relacionadas con la epidemia, la Contraloría está examinando el uso de dinero público en cerca de 200 contratos y han sido descabezadas instituciones públicas como la Seguridad Social o la Secretaría General de Riesgos.
Se han hecho operativos, con el resultado de 37 allanamientos y 17 detenciones, entre ellas varios funcionarios de altos niveles de diferentes instituciones públicas.