En el marco de los principios de sustentabilidad y gobernanza social (ESG), el Parlamento aprobó un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley de Promoción de Empleo Nº 19.973, con el objetivo de fomentar la contratación de personas liberadas del sistema penitenciario y contribuir a su reinserción laboral.

Un compromiso con la inclusión y la reducción de la reincidencia

Actualmente, Uruguay cuenta con una población carcelaria cercana a las 15.000 personas y una tasa de reincidencia del 66% a largo plazo, lo que evidencia los desafíos que enfrentan quienes egresan del sistema penitenciario para acceder a oportunidades de empleo formal. Para abordar esta problemática, el Poder Ejecutivo impulsa incentivos para que las empresas incorporen a estas personas en el mercado laboral, generando un impacto positivo en la sociedad y en la economía del país.

Beneficios para las empresas

La Ley establece un subsidio del 80% del salario mensual del trabajador contratado, con un tope equivalente al 80% de dos salarios mínimos nacionales ($37.800 aprox.). Las contrataciones deben tener una duración mínima de 6 meses y máxima de 12 meses.

Requisitos para acceder al subsidio

Las empresas deben cumplir con las condiciones establecidas en la Ley N° 19.973:

  • Estar al día con sus obligaciones tributarias.
  • No haber rescindido unilateralmente contratos de trabajo ni enviado a empleados de la misma categoría al seguro de paro en los últimos 90 días.
  • No estar registradas ante el BPS como "Usuario de Servicios" ni como empresa suministradora de mano de obra.

Aspectos pendientes de reglamentación

La Ley no define expresamente por cuánto tiempo luego de su liberación una persona seguirá siendo considerada beneficiaria del subsidio. Tampoco indica cómo podrán las personas liberadas acreditar que estuvieron privadas de libertad. Se espera que estos detalles sean abordados en la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo en los próximos meses.

Ganar-Ganar: un paso adelante en la igualdad e inclusión

Este tipo de iniciativas alineadas con los principios ESG refuerzan el compromiso del sector privado con la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. La contratación de personas liberadas no solo contribuye a la reducción de la reincidencia, sino que también amplía el talento disponible para las empresas y genera diversidad e inclusión en el lugar de trabajo.

En un contexto mundial donde los beneficios de los principios ESG son cuestionados, esta ley crea un beneficio económico tangible que permitirá a gerentes y directores justificar la contratación de personas liberadas.