El 10 de setiembre de 2024, el Parlamento aprobó el proyecto de ley de regulación de activos virtuales, que modifica la normativa vigente para reconocer formalmente a los activos virtuales, equiparándolos regulatoriamente a los valores escriturales.
Este proyecto también incluye a los Proveedores de Servicios sobre Activos Virtuales (PSAV) dentro del ámbito regulatorio y de supervisión del Banco Central del Uruguay (BCU), ingresando en la categoría de sujetos obligados en el control y prevención en el lavado de activos.
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