Recientemente, el Parlamento aprobó la Ley N° 20.347, que incorpora en la órbita de los delitos contra la administración pública previstos en el código penal, la figura del enriquecimiento ilícito.
Este delito se configura cuando un funcionario público obtiene indebidamente, a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos, un incremento de su patrimonio “significativo e injustificado” en relación con sus ingresos legítimos.
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